El ‘oro verde’ del Kalahari arrasa ecosistemas y comunidades del Cabo Norte sudafricano mientras el mundo acelera la descarbonización
Minería de manganeso: el coste humano de la transición verde
La minería de manganeso en Sudáfrica ha alcanzado cifras récord impulsada por la carrera global hacia la descarbonización, pero el precio lo pagan las comunidades indígenas, los ganaderos y los ecosistemas del Kalahari: acuíferos contaminados, enfermedades respiratorias, casas agrietadas por las explosiones y árboles centenarios talados para abrir paso a más minas. Así lo documentan investigaciones publicadas por SOMO (Centro de Investigación sobre Empresas Multinacionales), el Business and Human Rights Resource Centre y un extenso reportaje de El País – Planeta Futuro.
La paradoja del mineral verde: minería de manganeso y transición ecológica
Sudáfrica concentra el 70% de las reservas mundiales conocidas de manganeso, la mayor parte enterrada bajo las arenas del Kalahari, en la provincia del Cabo Norte. El país representa ya más de un tercio de la producción global y en 2025 exportó un récord histórico de 26,2 millones de toneladas, superando el máximo anterior de 22,3 millones alcanzado en 2024, según datos recogidos por Sri Lanka Guardian. La consultora Benchmark Mineral Intelligence estima que la demanda de manganeso para baterías se multiplicará por ocho durante esta década, impulsada por las nuevas composiciones químicas de cátodos y el auge de los vehículos eléctricos. Se prevé, además, que la mina de Mamatwan alcance los 2,5 millones de toneladas en 2026.
El manganeso es esencial para fabricar el acero de alta resistencia que se emplea en turbinas eólicas y, cada vez más, para las baterías de ión de litio con cátodos ricos en este mineral. Pero la carrera por extraerlo está dejando una estela de consecuencias que contradicen la narrativa sostenible de la transición energética.
Comunidades al límite: polvo, explosiones y promesas incumplidas
En el asentamiento de Maipeng, Rosie Joel muestra las grietas que recorren de suelo a techo las paredes de su casa de ladrillo. “Cada vez que se produce una explosión en una de las minas cercanas, el suelo tiembla y la casa cruje”, relata. Su huerto comunitario murió. Sus animales enfermaron al beber agua contaminada por el polvo de manganeso. Solo uno de sus siete hijos trabaja en las minas; el resto subsiste con pensiones estatales y ayudas por hijos. Las empresas, dice Rosie, “prometen habitualmente carreteras asfaltadas, puestos de trabajo y alumbrado público, solo para incumplir sus promesas”.
A pocos kilómetros, en Maruping, Ben y Joseph Seupe —descendientes de la dinastía real Batlhaping, cuyos antepasados habitaron estas tierras durante siglos— comparten el mismo relato. “Ese polvo se deposita sobre nuestro pueblo. Puede caer en el agua que beben los animales. Nos contamina por dentro y nos provoca enfermedades pulmonares”, denuncia Joseph. “Les pedimos que construyeran escuelas aquí. No nos escuchan. Y no es justo, porque les dimos el derecho a llevarse lo que quisieran de nuestra tierra”.
Las cifras respaldan estos testimonios. Según datos del Business and Human Rights Resource Centre y SOMO, el 84% de los encuestados en las comunidades mineras del Northern Cape afirma que la actividad extractiva pone en riesgo su salud y el 75% padece enfermedades respiratorias. Aún más grave: un estudio documentó que el 26% de los mineros de manganeso de Hotazel presenta síntomas similares al Parkinson, patología asociada a la exposición crónica al polvo de este mineral.
El agua, el bien más amenazado por la extracción de manganeso
El ganadero Eben Anthonissen señala el lecho seco de un río que bordea sus pastos cerca de Hotazel. “Río arriba, las voladuras están contaminando el acuífero que utilizamos para dar de beber a los animales”, denuncia. Sus análisis muestran niveles de nitratos en aumento: los explosivos utilizados en las voladuras contienen nitrato de amonio que se filtra al subsuelo. Una evaluación de 2018 para la mina Tshipi Borwa ya detectó concentraciones superiores a la directriz de la OMS de 50 mg/litro en aguas subterráneas locales.
El bombeo continuo para mantener estables las excavaciones —el llamado desagüe— agota también los pozos de los agricultores en un radio de kilómetros. Un informe elaborado para el sindicato Agri Northern Cape en 2018 advirtió de que los niveles de aguas subterráneas en la región podrían tardar más de un siglo en recuperarse, según recoge Sri Lanka Guardian. El agricultor Louis Haumann, que gestionó varias minas en la zona, va más lejos: “La instrucción es no efectuar un estudio objetivo sobre el agua. Es conseguir que se apruebe una licencia de su uso”.
Árboles de 800 años y fauna silvestre bajo la amenaza del manganeso
El impacto alcanza también a la flora y fauna emblemáticas del Kalahari. Entre las principales víctimas se encuentra la Vachellia erioloba —el «espino de camello» o «acacia jirafa»—, un árbol de crecimiento lento que puede vivir hasta 800 años y que proporciona sombra y alimento a la fauna silvestre y al ganado. “Cada año se talan miles de ellos para dar paso a carreteras, líneas eléctricas y otras infraestructuras al servicio de las minas”, afirma la ecologista Chrizette Neethling. Los que se salvan de las excavadoras ven sus hojas cubiertas de polvo fino, lo que reduce su capacidad fotosintética y compromete su supervivencia a largo plazo, según documenta SOMO.
A medida que los yacimientos alrededor de Hotazel se agotan, las empresas miran hacia el norte, a la frontera con Botsuana: una zona salvaje de bosques de acacias, jirafas, antílopes y ñus. “No quiero perder todo esto por culpa de gente que solo persigue el dinero”, lamenta el ganadero Pieter Grové, mientras observa a una jirafa dirigirse a un abrevadero seguida de su cría.
La paradoja extractivista: riqueza mineral y pobreza extrema
El Northern Cape es la cuarta provincia minera más rica de Sudáfrica y, al mismo tiempo, registra uno de los índices más altos de pobreza y desempleo del país. Esta contradicción, documentada en detalle por SOMO y el Business and Human Rights Resource Centre, desmonta el argumento de que la minería genera desarrollo local. Las leyes mineras sudafricanas se presentan como progresistas desde el apartheid —el Estado es custodio de la riqueza mineral—, pero funcionarios locales reconocen que la regulación se reduce a un «cumplimiento de fachada». Un responsable del departamento de aguas admite que incluso las grandes mineras solo cumplen alrededor del 60% de los requisitos legales.
Las empresas consultadas defienden sus prácticas: Tshifhiwa Nemakhavhani, de Kudumane Manganese Resources, asegura que las normas medioambientales «se cumplen estrictamente»; South32, propietaria mayoritaria de Hotazel Manganese Mines, afirma en un comunicado que «se toma muy en serio sus obligaciones medioambientales». El Gobierno sudafricano no respondió a las reiteradas solicitudes de comentario.
En el plano político europeo, la parlamentaria española Hana Jalloul ha alertado públicamente de que los acuerdos de la UE con Sudáfrica sobre minerales críticos como el manganeso deben incluir salvaguardas medioambientales y beneficiar a las comunidades locales. La pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿puede construirse una transición energética verdaderamente justa sobre la devastación de los ecosistemas y las comunidades del sur global?