El Gobierno de Castilla-La Mancha ultima sus alegaciones al cuarto ciclo de planificación hidrológica y reclama garantías para el caudal del Tajo. La consejera Mercedes Gómez lo anunció el 11 de marzo en Toledo, con el plazo abierto hasta finales de mayo.
- El plazo para alegar a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes concluía a finales de mayo de 2026.
- La Junta ha invertido más de 208 millones en infraestructuras hidráulicas desde 2015.
- Los ingenieros de Caminos piden revisar las reglas del trasvase Tajo-Segura y vigilar la calidad del Tajo en Talavera y Toledo.
- Según medios regionales, la Junta presentó unas 100 alegaciones, 22 de ellas al Tajo.
El caudal del Tajo es uno de los asuntos que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevará al cuarto ciclo de planificación hidrológica, que afecta a siete demarcaciones con territorio regional. La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, explicó el miércoles 11 de marzo en Toledo que su departamento trabaja en las alegaciones, según informa CLM24.1
Gómez intervino en la inauguración de la jornada «Agua y sostenibilidad en Castilla-La Mancha», organizada por el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Definió el proceso como «un momento crucial» para fijar las necesidades hídricas y las actuaciones de los próximos años. El plazo para alegar a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes terminaba a finales de mayo, y la Junta aspira a que el Estado incluya las infraestructuras que considera fundamentales para el abastecimiento y el desarrollo socioeconómico.1
Qué pide la Región para el caudal del Tajo
La consejera no detalló en el acto las alegaciones concretas al Tajo, pero sí el objetivo general: que la comunidad disponga en siete años de infraestructuras e inversiones que garanticen agua en cantidad y calidad y consoliden «caudales ecológicos reales en todas las cuencas». Con posterioridad, El Español y Democrata.es publicaron que la Junta presentó unas 100 alegaciones: 30 al Guadiana, 22 al Tajo y 18 tanto al Júcar como al Segura. En el Tajo, según esos medios, pide revisar las reglas de explotación del trasvase, garantizar los caudales ecológicos y priorizar las necesidades de la cuenca cedente.
El Digital Castilla-La Mancha, también citando a El Español, recogió el 30 de junio que la Junta había registrado sus alegaciones y reclamado inversiones en infraestructuras prioritarias. Por su parte, iAgua cifra en 37 las inversiones hídricas prioritarias que la Administración regional identifica para 2028-2033, con actuaciones comunes en restauración hidrológico-forestal, abastecimiento en pequeños municipios y nuevas depuradoras. Estos datos proceden de esos medios y no figuran en la crónica de la jornada de marzo.
Los ingenieros piden revisar el trasvase Tajo-Segura
En el mismo acto, el decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla-La Mancha, Juan Antonio Mesones, defendió modificar las reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura. A su juicio, esas normas influyen «directamente» en los caudales ecológicos y en la gestión de los recursos en distintas regiones. El Colegio ha aprobado una declaración institucional, unánime, sobre la situación del Tajo, en la que recuerda el marco jurídico del río y la necesidad de cumplir los caudales mínimos.1
Mesones alertó además de que la contaminación de los afluentes en el curso medio-alto del Tajo genera problemas de calidad desde hace años, y reclamó garantizar el cumplimiento de las directivas europeas sobre vertidos. Su referencia expresa a Talavera de la Reina y Toledo sitúa la discusión en el tramo que atraviesa la provincia. Frente a este planteamiento, Toledo Diario recoge que la Red del Tajo sostiene que el nuevo plan de cuenca no cubre las necesidades ambientales del río; es una posición crítica de la que no consta fecha.
«Es precisamente ahora cuando existe una ventana de oportunidad para blindar la seguridad del agua y reforzar el modelo hídrico regional.»
Mercedes Gómez, consejera de Desarrollo Sostenible, citada por CLM24
Inversión en abastecimiento, depuración e inundaciones
La consejera defendió que la recuperación reciente de las reservas no debe verse como una relajación, sino como una oportunidad para anticiparse a sequías más largas, lluvias irregulares y episodios extremos como las DANAs. Recordó que el colapso de una infraestructura del sistema de Picadas, en septiembre de 2023, dejó sin suministro a unas 350.000 personas. Desde 2015, el Ejecutivo ha invertido más de 208 millones: 173 a través de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha y 35 mediante la Agencia del Agua.1
Entre los proyectos citados figura el sistema de abastecimiento de la Llanura Manchega, con una inversión cercana a 400 millones y más de 300.000 beneficiarios, y su ampliación al Campo de Calatrava, con 72 millones. En depuración, el plan regional ha permitido finalizar 59 plantas en la última década, construir otras 13 y planificar 10 más, a lo que se suman 152 millones aprobados para operar y mantener las instalaciones durante cuatro años. Gómez mencionó también dos grandes obras contra inundaciones en Cebolla y Cobisa, en la provincia de Toledo, municipios con historial de avenidas.1
Digitalización y pacto de Estado por el agua
La Junta ha captado fondos del PERTE de digitalización del ciclo del agua para implantar teledetección y, más adelante, telemando de las infraestructuras, y prevé desarrollar gemelos digitales que anticipen averías. Esta tecnología ya se aplica en otros entornos de la región, como detalló este diario sobre el gemelo digital de las Tablas de Daimiel. Las fuentes consultadas no precisan medidas específicas para los regadíos de la provincia de Toledo, un aspecto que dependerá del texto definitivo de las alegaciones y del plan.
El Colegio de Ingenieros reclamó, por su parte, recuperar el espíritu de un pacto de Estado por el agua y avanzar hacia un Plan Hidrológico Nacional que contemple medidas para el Tajo. Se ofreció a colaborar con todas las administraciones y anunció su adhesión a una iniciativa legislativa popular para modificar la Ley de Aguas e incorporar la protección de la población frente a fenómenos meteorológicos adversos.1 El Gobierno central deberá ahora valorar las alegaciones antes de aprobar los planes del ciclo 2028-2033.
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